INFORME IEF CTA A. En esta sección el proyecto de ley agrava las normas del Código Penal utilizadas para criminalizar la protesta social. Las manifestaciones, reuniones y acampes en la vía pública pasan a ser considerados, en casi todos los casos, conductas punibles, con fuertes sanciones para los participantes y los organizadores. Además, se modifica la escala del delito de atentado y resistencia a la autoridad, aumentando las penas e impidiendo la excarcelación durante la tramitación del proceso. Se trata de un paso más en la persecución y criminalización de la protesta social, relacionado con el protocolo anti piquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad y con la anulación en la práctica del derecho de huelga dispuesta por el DNU 70/2023.
El proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional incluye una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar. Para ello, modifica el artículo 194 de ese código, imponiendo sanciones muy severas contra los organizadores y participantes de manifestaciones y reuniones en el espacio público.
Este artículo fue incorporado al Código Penal durante la dictadura de Onganía y en su redacción actual expresa:
“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”
Se trata de una norma muy amplia que fue utilizada en forma generalizada durante la década del ’90 para abrir causas penales contra quienes llevaban adelante cortes de ruta en el marco de la resistencia a las políticas económicas de los gobiernos de Menem y De la Rúa. En los últimos años esta figura volvió a utilizarse como mecanismo de persecución de las luchas sociales que se expresan en el espacio público y está en el centro de la argumentación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” lanzado por la gestión actual. Las restricciones al derecho a reunirse y manifestarse no se quedaron ahí, y en el caso de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo se los enfrentó a la disyuntiva de renunciar a su ejercicio como condición para no ser excluidos de su alcance.A continuación el proyecto completo en formato PDF:
