Este lunes, el Monitor de Respuestas Represivas del IEF se reunió con otras organizaciones como la Correpi, el CELS, el Mapa de la Policía, NODAL, Liberpueblo, Ocipex, CODESEDH, Archivo de la Represión y Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura para analizar el escenario de ajuste y represión del gobierno de Javier Milei.
Hacia finales de 2023, diversos indicios apuntaban al comienzo de un ciclo de aumento en la represión y la criminalización de la protesta. La brutalidad represiva observada en la provincia de Jujuy bajo la gestión del gobernador Morales en junio de 2023, la proliferación de normativas provinciales que restringían el derecho a manifestarse, el incremento en el uso de la violencia física por parte de las fuerzas de seguridad o grupos paraestatales en la región, el creciente empobrecimiento de los sectores populares y los propios anuncios en el marco del cambio en la administración presidencial, eran elementos de la escena política que sugerían un posible recrudecimiento de la represión en un futuro cercano.
A partir de esa caracterización, el IEF emprendió la creación de un Monitor de respuestas represivas estatales y paraestatales para poder llevar a cabo un relevamiento y seguimiento que permitiera analizar y hacer frente a la realidad represiva en las luchas de las organizaciones del campo popular.
“Se han fortalecido las fuerzas represivas en todos los Estados: el tiempo de Milei nos invita a reflexionar aceleradamente. Por eso pensamos el Monitor en la tensión entre represión y democracia”, dijo Daniel Godoy, coordinador del IEF en la apertura de la reunión. “Tenemos la intención de interpretar el momento histórico desde la unidad por eso esta convocatoria, porque es tiempo de nuevas voluntades de articulación, de ofrecer información y articular con otras organizaciones”, agregó Godoy.
María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA, agregó: “a 40 años de haber recuperado la democracia, estamos en condiciones de decir que la cuestión represiva punitiva no ha terminado sino que ha ido mutando. Estuvimos en distintos lugares de la región poniendo en valor la solidaridad de clase (en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile) y hemos creado la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia que viene articulando acciones desde diciembre”.
También estuvo Nicolás Iñigo Carrera, investigador de PIMSA, quien realizó algunas apreciaciones conceptuales sobre la idea de «represión» así como aportó valiosos detalles sobre los hitos de represión en democracia.
María del Carmen Verdú, fundadora de la Correpi, detalló los datos actualizados de su organización: “desde el 10 de diciembre de 1983 la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, según Correpi, asciende a 9.175. Ese número contempla tanto las muertes en custodia y en lugares de encierro como el gatillo fácil a manos de uniformados, las desapariciones forzadas y las muertes en protestas sociales”.
Entre los datos más relevantes del informe, que se presentó en ATE la semana pasada, se encuentran aquellos sobre las muertes a manos del Estado ocurridas durante todo el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Y también las ya cosechadas por la gestión de Javier Milei y Victoria Villarruel. En el caso del peronismo, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 diciembre de 2023 fueron asesinadas 1.924 personas (384 sólo en 2023, más de una muerte por día). En el caso de los meses que lleva gobernando La Libertad Avanza la cifra, al 20 de febrero, es de 60 muertes registradas (a razón de un crimen cada 29 horas).
Luego de las exposiciones, tomó la palabra Jimena Frankel, coordinadora del Monitor (el quipo también está integrado por Luis y Mariana Campos) quien presentó la herramienta y el primer relevamiento que se hizo a propósito de los 100 días del gobierno de Milei. La presentación de los datos se realizó proyectando la web del Monitor, donde se pueden consultar los datos sobre cantidad de hechos represivos, cantidad de heridos, cantidad de detenidos, entre otros datos. Jimena puntualizó que el objetivo de medir y caracterizar la represión no solo tiene el objetivo de conocer de qué manera se avanza contra las organizaciones del campo popular a la hora de protestar, sino también mejorar y adecuar nuestras estrategias de organización y acción en la calle.
Durante la reunión estuvieron presentes integrantes del CELS, del Monitor de la policía, de NODAL, de Correpi, de Liberpueblo, de Ocipex, de CODESEDH, del Archivo de la Represión y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.