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Accedé al texto completo digitalizado. Autores: Noemí Giosa Zuazúa, Ana Rameri, Claudio Lozano y Horacio Fernández. El libro Ingreso Básico Universal o Empleo Garantizado, forma parte de la Colección Debates, es una edición del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y el resultado de un intenso debate en la búsqueda de consensos para garantizar un piso de dignidad para todos los habitantes de la Argentina.

A continuación compartimos un fragmento del prólogo.

¿Por qué sí el Ingreso Básico Universal y por qué no su exclusividad? (Fragmento del prólogo)

Se entiende por Renta Básica Universal (RBU) al paradigma que incorpora en los esquemas de protección social el derecho a un ingreso incondicional a todas las personas sin restricciones. También se lo conoce como Ingreso Ciudadano (IC) para señalar que la condición de ciudadanía es suficiente para acceder al mismo. En nuestra propuesta (IPyPP-CTA-A) la RBU se compone de tres instrumentos según franjas etarias de la población: la asignación universal por hijo para la población menor de 18 años, un Ingreso Básico Universal (IBU) para la población entre 18 y 65 años y un haber mínimo garantizado para la población de 65 años y más. Nuestro país ha realizado avances importantes en los grupos de los más jóvenes y de los adultos mayores pero mantiene pendiente la conformación de una red de ingresos que pueda proteger a la población en edades centrales.

Un ingreso básico universal, que no requiera una contrapartida de empleo en el caso de la población en edades centrales, es la única manera de hacer efectivo el derecho a la existencia en economías monetarias como las contemporáneas.

Actualmente ese derecho está intermediado por los requerimientos de mano de obra que dependen de las demandas del capital, o por las posibilidades presupuestarias del sector público. De esta manera el empleo se vuelve una variable dependiente de la rentabilidad empresarial con lo cual el cuantum de la disponibilidad de inserciones laborales no es otra cosa que el empleo “rentable” para el esquema de negocios. Si a ello le sumamos el desarrollo exponencial de las fuerzas productivas derivadas de las tecnologías del nuevo siglo, gestionadas bajo el paradigma de ahorro de mano de obra vigente, el destino ineludible es a la racionalización de los puestos de trabajo y la consiguiente amenaza a los modos vivibles de la existencia humana.

Por otra parte, se produce una paradoja. A la menor disponibilidad de la forma salarial del empleo se le opone una multiplicación de formas de manifestación del trabajo vivo en la producción de riqueza social, e incluso en la producción mercantil concebidas a raíz de las nuevas técnicas de captura de valor en el capitalismo. Lejos de que se concrete el «fin del trabajo» como lo afirma Rifkin (1995)1 en su famoso libro, lo que aparece con la crisis de la sociedad salarial, es una cartografía fuertemente variada y heterogénea de prácticas y actividades humanas que sostienen a la vida y al sistema económico. En concreto, el conjunto de actividades que se vinculan con formas de trabajo autónomo y de autogestión, que asume realidades variadas, pero que en general se sitúan en actividades que satisfacen aspectos de la reproducción social que el esquema de negocios no atiende debidamente (como el reciclaje urbano, la venta ambulante, la producción casera de alimentos, reparaciones diversas, etc.).

Asimismo, en contextos de fuerte deterioro de las redes públicas de protección y de escasas oportunidades de empleos, se intensifican las tareas de cuidado y derraman por sobre los confines del hogar promoviendo estrategias comunitarias y colaborativas (por ejemplo, comedores y merenderos comunitarios; servicios de salud en barrios populares). Se abre también, conforme al avance de la digitalización en la comunicación, otro conjunto de actividades pero también con estrecha vinculación con un aspecto específico de reproducción social,’ que consiste en la producción social de información y conocimiento acumulado en infraestructuras digitales. Todo un conjunto amplio y diverso de trabajo humano que participa de distintos modos en la formación de la tasa de ganancia de la economía y que por ejemplo, en el caso particular de las actividades que tienen lugar en el ámbito de la economía de plataformas digitales, el oligopolio de la industria de datos sabe traducirlas en valores mercantiles y renta tecnológica sin contrapartida retributiva.

Así como la posibilidad de acceder a un salario queda asociada a una contrapartida laboral bajo el imperio de la moral del trabajo (esfuerzo-recompensa), lo cierto es que nunca el monto salarial tuvo que ver con la contribución individual de cada cual al proceso productivo. Ello, que siempre fue así, hoy lo es más que nunca, ya que asistimos a una etapa en la cual el conocimiento y los atributos humanos (relacionales, lingüísticos, etc.) puestos al servicio de la producción son efectos de la inteligencia colectiva de una comunidad. La cooperación social en la cual se pone en movimiento la dimensión cognitiva y humana del trabajo desborda, así, los tiempos de la jornada laboral entendida convencionalmente pero multiplica la productividad de quienes se ven inscriptos, voluntaria o involuntariamente, en procesos de valorización de capital. En definitiva, la asimetría de las retribuciones al trabajo desconoce que detrás del aporte individual existe un creciente soporte social, y en la medida que esa contribución no sea reconocida, la consecuencia será continuar alimentando las distintas formas que asume la renta (tecnológica, financiera, etc.).

Para ponerlo en términos más sencillos: el ingreso básico universal que aquí se propone es la contrapartida retributiva de carácter social a trabajos múltiples y actividades humanas socialmente útiles que ya se realizan pero que no son debidamente reconocidas.

Sin embargo, existen también razones que nos llevan a identificar algunos límites que una propuesta de estas características tiene en contextos específicos.

En primer lugar, hay que tener presente que un ingreso incondicionado es un instrumento de transición hacia un modelo alternativo y no un fin en sí mismo, con lo cual una de las advertencias nodales para inscribirlo en economías sometidas a la injerencia prolongada de políticas neoliberales que desguazaron los sistemas de seguridad social, es evitar que se transforme en un medio para profundizar la mercantilización de cada vez más aspectos de la vida. En este sentido, la interacción de un ingreso garantizado con la restauración de las instituciones que proveen bienestar como el sistema de salud, educación, vivienda, cuidados, entre otros, es fundamental para no tergiversar el horizonte transformador que le asignamos.

Por otra parte, la implementación plena de este instrumento, es decir, un ingreso universal que se pague a todas las personas ciudadanas de un país, requiere de una estrategia temporal que coordine de manera muy precisa la modificación de los esquemas tributarios. No por razones de financiamiento sino por motivos específicamente redistributivos ya que la sustitución de los actuales programas de transferencias de ingresos condicionados (o planes sociales) por un ingreso universal, produciría un efecto neto que implicaría una mayor inyección relativa de dinero en las capas medias y altas de la población. Asimismo, la línea de indiferencia que requiere esta alternativa, esto es que el Estado tenga la capacidad de recuperar vía impuesto a la renta sobre los estratos de mayor poder adquisitivo lo transferido, se ve seriamente opacado en el marco de un sistema tributario local que sólo captura entre el 8% y el 9% de la renta de las personas físicas que pertenecen al decil más rico y cuya evasión equivale al 20% de la recaudación tributaria total.

En este sentido, una implementación en etapas que vigile el espíritu redistributivo requiere de una alternativa para mejorar los ingresos del conjunto de los hogares y completar, en un dispositivo integrado, una red universal de ingresos efectiva de manera inmediata por alguna de ambas vías. Porque, por otra parte, así como la inserción en el mercado de trabajo es extorsiva toda vez que sea la única vía para acceder a un ingreso que asegure la existencia, ejercer la opción por un empleo que satisfaga además otros deseos, aspiraciones y necesidades humanas es atendible, más aún, cuando el status de las opciones laborales disponibles en el mercado de trabajo actual está tan devaluado.

¿Por qué sí garantizar empleo por la vía de un Salario Social de Empleo y Formación y por qué no su exclusividad?

Son tres las razones fundamentales a favor de la creación de un programa de empleo garantizado que contenga la posibilidad de acceder a un Salario Social de Empleo y Formación: la reconstrucción de bienes y servicios sociales para el bienestar, la creación de un nuevo actor en la producción y la fijación de un efectivo piso salarial en el mercado laboral.

Respecto a la primera razón debe considerarse que la persistente crisis que atraviesan las grandes áreas del Estado Social, especialmente la relativa a la producción de bienes y servicios públicos de consumo universal como la salud, la educación, la infraestructura social, la red de cuidados, entre otros, puede revertirse con una política pública dirigida. El punto central es poder orientar los esfuerzos para reunir la diversidad de actividades que se vienen realizando en algunas de las áreas sociales, desde los distintos niveles del sector público incluyendo lo realizado por las organizaciones sociales que autogestionan su trabajo, para multiplicar el alcance, coordinar las tareas en función de un mapa de necesidades objetivo a través de la conformación de un Área de Economía Pública y Social (AEPS) de administración y gestión participativa (no exclusivamente estatal). Esta es la vía que permite reponer las garantías sociales socavadas durante décadas a la población que para sostener o reforzar el acceso universal y desmercantilizado no pueden atenderse mediante transferencias de ingresos a la población. Forman parte de aspectos fundamentales de la pobreza multidimensional y colabora en quebrar la reproducción intergeneracional de ésta.

Por otro lado, y pasando al segundo aspecto, la creación del AEPS significa la fundación de un nuevo sujeto económico, que no pertenece ni a la esfera exclusivamente estatal ni al sector privado, ya que se conformaría con la participación de actores de la Economía Social y Popular (unidades asociativas y auto-gestionadas, el movimiento cooperativo, empresas recuperadas, etc), las pymes, el Estado y los/as trabajadores/as involucrados/as con el objetivo de actuar como motor de desarrollo de las inversiones sociales necesarias al tiempo que brinda oportunidades de integración a la fuerza de trabajo en procesos de producción, trabajo y formación definidos. Ello supone la rediscusión del proceso de inversión y de una cuota nada menor del excedente económico local que confronta abiertamente con el uso dominantemente internacionalizado del capital concentrado. Requiere de la incorporación de instrumentos tributarios que permitan captar parte de la renta nacional, así como también la creación monetaria que será realizada en la nueva producción propuesta por el área.