En este nuevo informe del IEF y Malas Palabras se da cuenta de cómo ha sido la historia del sistema previsional argentino desde la década de 1980.
Hacia principios de la década del ‘80, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el BID comenzaron una campaña de presión sobre países de América Latina y otras regiones del mundo para que reformen y pongan en manos privadas sus sistemas previsionales, abrazando un nuevo paradigma, el de la capitalización.
El nuevo modelo, que tuvo a Chile como precursor en la región, proponía un cambio sustancial con respecto al modelo solidario con el que fueron creados los sistemas previsionales en el mundo. En el modelo de solidaridad social, los más jóvenes, sanos y ricos de la población sustentan a quienes no podían seguir vendiendo su fuerza de trabajo por vejez, invalidez o por la muerte. En el paradigma de la capitalización, cada individuo se retira con lo que haya podido
aportar al sistema, entregando sus aportes al capital financiero, que le saca una enorme rentabilidad.
Al día de hoy, la enorme mayoría de los países que durante los ‘80 y ‘90 implementaron sistemas de capitalización de las jubilaciones y pensiones tuvieron que dar marcha atrás. Entre los que lo sostuvieron, muy pocos lo hicieron en estado puro. Las consecuencias sociales de las reformas fueron tan graves que hasta en los más países que avanzaron más convencidos en esa dirección, con Chile, el Estado tuvo que salir en auxilio, pagando bonos En Argentina, la reforma previsional de 1993 trajo la novedad de las AFJP, la pata financiera sobre el sistema previsional, que fue eliminado en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández estatizó nuevamente las jubilaciones.
Pero pese a las pruebas flagrantes del fracaso social de la privatización del sistema previsional, hoy vuelve a asomarse como una amenaza en la lógica de la ganancia privada por encima de cualquier otro valor que impulsa el gobierno de Javier Milei.
