“Nuestro país debe dejar de pescar dólares, que se llevan unos pocos, y empezar a pescar alimentos para nuestro pueblo.” Con la coordinación de Elena Louge y las exposiciones de Luciana Careri y Saúl Gaviola se desarrolló el conversatorio “Los recursos pesqueros ¿bienes comunes o apropiación privada? Ellos conforman el equipo de Soberanía Marítima y Fluvial del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
En el encuentro participaron compañeros y compañeras de distintos lugares del país, especialmente, de la zona atlántica y se abordó con profundidad la compleja situación de la industria pesquera en la Argentina. Ana Romero y Matías Feito, de la Secretaría de Formación de la CTA Autónoma, fueron los presentadores de la actividad.
En una breve síntesis, los temas abordados reflejan que nuestro país tiene la necesidad de poner en agenda pública la soberanía marítima y fluvial porque se están apropiando de los bienes comunes naturales de todos los argentinos. Hoy el paradigma dominante respecto a los recursos pesqueros es el extractivismo y la mayor parte de lo que se pesca se saca del territorio sin agregar ningún valor y sin ninguna participación de las comunidades.
Ante la situación de desnacionalización de la industria y extranjerización de la flota, con retenciones cero o muy bajas, cuotificación de la captura, trabajo precarizado y pérdida de puestos de trabajo, deficientes controles sobre la actividad pesquera y una ley neoliberal que dispone que ni siquiera las retenciones para el sector pasen por el Congreso, se propone en principio no renovar las cuotas individuales transferibles que vencen en 2.024 para avanzar en un cambio de paradigma que considere soberanos los bienes comunes naturales.
Nuestro territorio marítimo es mucho mayor que el territorio continental pero si no lo tenemos en cuenta parece que no existiera, al punto, que en nuestro país operan empresas que también tienen permisos de pesca en Malvinas y esto es algo que no debería suceder, pero sucede.
A continuación algunos conceptos expresados por los expositores: Luciana Careri, Licenciada en Química y Tecnología Ambiental; Saúl Gaviola, Licenciado en Economía, y la moderadora del conversatorio Elena Louge, Licenciada en Ciencias Biológicas.
Soberanía como poder popular
Nosotros reconocemos que hay marcadas tendencias al extractivismo; el extractivismo no definido como la simple extracción de materias primas o la simple utilización de las materias primas, sino el extractivismo definido como la apropiación de los recursos naturales para dar respuestas a mercados globales, es decir, para exportar, sin que dejen estas actividades ningún progreso, ningún desarrollo en las economías locales donde se desarrolla.
Como somos el grupo de soberanía marítima, nosotros elegimos discutir y definir a la soberanía relacionada con el ejercicio del poder popular. Nosotros decimos que la soberanía es el ejercicio del poder popular y tiene que ver con el poder decidir sobre nuestros destinos como pueblo, sobre la utilización de nuestros territorios y sobre las relaciones en las que queremos vivir. Entonces, cuando hablamos de soberanía no basta con tener razón de que es nuestro o no, sino que ahí hay asociada una necesidad de construcción de fuerza para poder ejercer el poder en concreto.
La pesca para la exportación: precios internacionales y bajo consumo en el país
El consumo de pescado en la Argentina se estima entre 5 y 7 kilos por persona por año, por debajo de la media de toda Latinoamérica y muy por debajo del promedio mundial que es de 20 kilos por persona por año.
Gran parte de la pesca se realiza para exportación entonces los precios del pescado se guían por precios internacionales. En esto se destaca un elemento que no ayuda: las bajas retenciones que tiene el sector. Es un sector que tiene 0% de retenciones para lo que es el filet fresco de muchas especies y 9% para el langostino entero, estos, comparados con otros sectores, son derechos de exportación relativamente bajos y esto impide que haya una separación entre el precio nacional y el precio internacional. El bajo consumo de pescado en nuestro país también se explica porque el negocio de la pesca en la Argentina está guiado por la exportación.
Extranjerización de la flota y las inversiones: ni desarrollo ni trabajo
Desde la década del 90 se produjo un crecimiento de extranjerización de la flota pesquera y las inversiones en el sector: hay capitales españoles, chinos, rusos, japoneses, noruegos, taiwaneses, invertidos en la pesca en Argentina, que son beneficiados por una ley de la dictadura genocida que favorece las inversiones extranjeras respecto a las locales y que no ha sido derogada por ningún gobierno.
Esta producción de flota de gran escala orientada a la exportación hace que también se pierdan posibilidades de desarrollo local, por ejemplo con la exportación de langostino, sea entero o con procesos mínimos como la exportación de cola de langostinos, que después son manufacturados en otros países como Perú, Ecuador, Tailandia o Guatemala, y de ahí llegan al mercado internacional pero la Argentina pierde la posibilidad de generar empleos y exportar productos de alto valor agregado. Las flotas de gran escala son las que terminan predominando en el caladero argentino. Hoy la mitad de los desembarques proviene de los buques congeladores que procesan a bordo y directamente exportan, eso hace que en tierra haya menos trabajo.
Flotas de gran escala y retroceso del pescado fresco
El puerto más importante en cuanto a la industria pesquera es el de Mar del Plata, le siguen Puerto Madryn, Rawson, que también ha crecido en capacidad instalada con el boom del langostino de los últimos años.
La industria pesquera argentina nace en los años 20 del siglo pasado con embarcaciones de pequeña y mediana escala que desembarcaban pescado fresco para proveer sobre todo a la industria de la conserva. Durante las primeras tres décadas la producción iba al mercado interno y estaba basado fundamentalmente en la anchoíta y la caballa y algunos otros recursos. Pero hoy día la configuración de la industria pesquera argentina está destinada a la exportación y con un gran peso de la flota a gran escala.
Privilegios para la gran escala en desmedro de la pesca artesanal y las pequeñas embarcaciones
Una inequidad del sistema se produce con el reintegro al combustible que reciben las flotas de gran escala, un privilegio que no tienen quienes realizan pesca artesanal con pequeñas embarcaciones que tienen menos de diez metros de eslora que deben pagar el combustible al precio de surtidor. Son sectores que quedan fuera de las políticas pesqueras. Esto tiene que ver con la conformación del órgano decisor de las políticas pesqueras que dispuso la ley neoliberal sancionada en 1.997, la Ley Federal de Pesca. Los pescadores más pequeños no tienen representante en el Consejo Federal Pesquero que toma las decisiones, ni en las direcciones de pesca provinciales, que tienen jurisdicción sobre las 12 primeras millas naúticas.
Inmensa precarización laboral
Otra característica de la industria pesquera argentina es la precarización laboral que es un tema gigantesco y del cual hay muy pocos datos fehacientes y actualizados porque en el Puerto de Mar del Plata hay cooperativas de trabajo que muchas veces son utilizadas por las grandes empresas para realizar fraudes laborales, para no tener registrados a sus trabajadores. Esto no implica decir que todas las cooperativas de trabajo vinculadas a la pesca incurran en estas prácticas –algunas podemos decir que son cooperativas de trabajo genuinas-, pero la mayoría terminan siendo establecimientos donde en vez de trabajadores libremente asociados son empresas que utilizan esta figura legal con otro espíritu, con el objetivo de reducir sus costos laborales y dejando a trabajadores y trabajadoras sin los beneficios de la ley, con dificultades a la hora de jubilarse, con dificultades a la hora de tener una obra social.
Las cuotas individuales transferibles: privatización de los bienes comunes naturales
La pérdida de soberanía sobre los recursos está relacionada con las cuotas individuales transferibles que dispuso la Ley Federal de Pesca ya que todas las especies del Mar Argentino están cuotificadas. Es una ley que refiere solamente a la pesca marítima. La cuotificación es una forma de administrar que se ha aplicado en otros países como Nueva Zelanda, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Chile, es una forma de administrar un recurso común o un bien común que otorga a los usuarios de esa cuota una especie de cuasi propiedad del recurso debido a que se les asigna un porcentaje de lo que se denomina la Captura Máxima Permisible de cada especie. El Consejo Federal Pesquero establece la Captura Máxima Permisible anual de cada especie en un número de toneladas y las cuotas –en su momento hubo mucha discusión sobre cómo se distribuían estas cuotas porque muchísimas empresas querían el máximo de cuota-. La cuota es un derecho de uso, un derecho de acceso, por lo tanto son derechos de captura de un porcentaje del ese global que establece el Consejo Federal Pesquero.
Actualmente en el Mar Argentino hay 5 especies cuotificadas: la más importante es la merluza común, pero también están la merluza negra, la merluza de cola, la especie que se denomina polaca y la vieira que fue incorporada recién en el año 2.015. Las otras cuatro especies fueron cuotificadas en el año 2.010. Es decir, el Estado les otorgó a las empresas durante 15 años el derecho a pescar un porcentaje de esa cuota total. Este periodo vence el año que viene. Las empresas obtuvieron los porcentajes de cuotas según algunos parámetros que se tomaron como históricos, como la captura que realizaban o el empleo generado.
¿Qué pueden hacer las empresas con estas cuotas? Pueden pescar esta cuota y si se agota esta cuota antes de finalizar el año pueden pedir un adicional con lo que se llama “reserva social”. Es decir, las empresas deben demostrar que realizan un impacto social positivo como generar empleo, etc., para que las provincias les asignen un adicional que tienen reservado para estos casos. Esto hace que las mismas empresas que ya tienen asignada una cuota individual también accedan a la reserva social.
Si las empresas no quisieran o no pudieran pescar por distintas razones, como tener barcos en reparación o querer retirarse de la actividad, lo que pueden hacer es transferir la cuota individual, es decir, pueden vender esa cuota. Hay dos tipos de transferencia: la transferencia permanente lo que equivale a una venta en la que no interviene la autoridad pesquera. O sea, de vende este derecho a pescar como un activo. También se puede alquilar la cuota, en caso que ese retiro de esa empresa o de ese buque fuera transitorio.
Este sistema de cuotificación provocó una fuerte concentración y desnacionalización en la industria pesquera. Esto también influye en la caída del empleo en el sector pesquero debido a que los buques congeladores acceden a cada vez más cuota respecto a los fresqueros que son quienes generan mayor cantidad de empleos en el sector.
Es importante no renovar estas cuotas transferibles individuales pero además hay que impulsar el paradigma de bienes comunes naturales. El sistema de cuotas es no traer el pescado a tierra, es no dar trabajo, es perder soberanía sobre bienes que pertenecen a toda la comundad. Hay que cambiar estas políticas porque son, casi diría yo, políticas coloniales. No deberíamos pedir al BID créditos para construir embarcaciones -que se podrían construir en el país en nuestros astilleros- y, sin embargo, se piden créditos para construir buques en España.
En pocos días podrán disponer de la desgrabación completa del Conversatorio organizado por la Mesa de Soberanía Marítima y Fluvial del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma y la Secretaría de Formación de la Central.
“Los recursos pesqueros, ¿bienes comunes o apropiación privada?”
