Informe de la Lic. Elena Louge, del Área de Soberanía marítima y Fluvial del IEF (Instituto de Estudios y Formación de la CTAA).
La extendida área de veda para la merluza del efectivo sur ha permitido en parte, la lenta recuperación de la población, beneficiada también por la migración de buques hacia la pesca de langostino.
La pesca de esta especie en el efectivo sur, está sujeta, desde el año 2010, al régimen de las Cuotas Individuales Transferibles CIT, donde se dio continuidad y se profundizó la lógica extractivista y la acumulación de las ganancias en pocas empresas, mayoritariamente extranjeras, que operan con buques de bandera argentina. De esta manera, un Bien Común, como son los recursos naturales, en este caso los pesqueros, quedan al servicio de una economía para satisfacer demandas de los países desarrollados, con escaso valor agregado como generador de empleo, con la consiguiente pérdida de soberanía nacional por la debilidad del Estado. Los puertos, en su mayoría privatizados, quedan reducidos a colonias-commodities[1] ya que más del 90% de las capturas se exportan, lo que queda al descubierto la falta de consumo interno, en un contexto de aumento de la pobreza en el país. La ineficiencia del Estado permite también el aumento de la corrupción empresarial así como el fraude laboral.
La recuperación de la merluza no se vio reflejada en el nivel de empleo, no mejoró la precarización laboral, ni aumentó el consumo de proteínas en los comedores barriales.
Es importante, no solo proteger la sustentabilidad del recurso, sino transformar su administración, entendiendo que nos pertenece a todxs y el beneficio de su usufructo debe llegar a toda la sociedad.
A continuación el informe completo en formato PDF (se puede ampliar, descargar, etc.):
[1] Gomez Lende, 2018
