La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, aprobada en 2010, fue fruto de un amplio consenso parlamentario y social, inspirada en reformas internacionales. Sin embargo, las modificaciones propuestas en la «Ley Ómnibus» representan un retroceso al modelo asilar manicomial y amenazan los derechos de las personas con padecimientos de salud mental. Estas reformas también afectan la representación en el Órgano de Revisión de la Ley, socavando la transparencia y participación social. Esta acción contradice los principios del Código Civil y los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporados en la Constitución argentina. La inclusión de estas modificaciones en la «Ley Ómnibus» por parte del Poder Ejecutivo evita el necesario proceso democrático de deliberación y consenso que dio origen a la ley original.
