TRAS CONSEGUIR DICTAMEN PARA TRATAR LA LEY ÓMNIBUS, EL GOBIERNO DE MILEI CONVOCÓ A UNA SESIÓN ESPECIAL EN DIPUTADOS EN BUSCA DE MEDIA SANCIÓN A UN PROYECTO QUE PROPONE UNA DESREGULACIÓN ECONÓMICA EN FAVOR DE LAS CORPORACIONES, RESTRICCIÓN DEL ÁMBITO PÚBLICO Y DEVASTACIÓN DE LOS BIENES COMUNES DEL PUEBLO ARGENTINO. EN ESE SENTIDO EL COMBO DNU/LEY ÓMNIBUS INTENTA UNA SERIE DE ALTERACIONES NORMATIVAS Y LEGALES QUE PERMITIRÍAN EL AVANCE DE LAS MULTINACIONALES SOBRE TERRITORIOS, BIENES Y ACTIVIDADES PROTEGIDAS.
Que las empresas tanto de aquí como extranjeras están en continua operación para poder engordar sus ganancias profundizando los niveles de explotación de los territorios, no es ninguna novedad. De punta a punta y de lado a lado los territorios están avasallados por empresas multinacionales llevándose bienes comunes de todo tipo, metales, minerales, hidrocarburos, agua; avasallando la tierra, los ríos, los cielos, el mar; contaminando y dañando todo lo que tocan. Miles de asambleas y organizaciones socioambientales están organizadas en todo el territorio argentino desde hace décadas en defensa de la vida frente a la depredación mortífera de las empresas mineras, de fracking, subestaciones hidroeléctricas, petroleras, agro_tóxicas… que además de depredar, enfermar, contaminar y matar gente, animales y suelos, tienen toda una logística de impunidad para su desarrollo y están apoyadas en instituciones de los Estados para la persecución de las poblaciones en sus territorios o en la manifestación de las problemáticas producto de los desastres que ocasiona el extractivismo. La seguridad del Estado en vez de defender los bienes comunes, la salud y el bienestar de las poblaciones de Argentina, defiende los intereses financieros de empresarios extranjeros y lobistas representantes del mundo privado, lobistas de megamillonarios pugnando por seguir apropiándose del mundo con cada vez mayor concentración económica. Un modelo de depredación en crisis porque no hay tierra ni gente que aguante el desquicio financiero y la hiperconcentración que propone el capitalismo global cibernético.
Julio C. Gambina, Doctor en Ciencias sociales por la UBA, lo entiende como parte de la disputa por la hegemonía del orden global, base de las disputas económicas, políticas, diplomáticas, militares que pueblan la cotidiana realidad, en un marco de amenaza civilizatoria, sea por el cambio climático o la creciente criminalidad del capitalismo, expresado en el tráfico de drogas, de armas, o la trata de personas. El objetivo principal del régimen del capital en estos momentos de crisis pasa por la creciente explotación de la fuerza laboral y el saqueo de los bienes comunes.
Ante la desaceleración de la economía y los límites al crecimiento de la productividad del trabajo, explicitado en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo que opera es un agravamiento de la explotación y el saqueo para acrecentar la masa de ganancias, explicitadas especialmente desde el complejo militar o el negocio farmacéutico sanitario, entre otros muchos. Por eso, el cambio energético demandado resulta en función de mejoras de las ganancias y la acumulación de concentrados y centralizados sectores de la economía global. Es el caso de Elon Musk y Tesla, una de las empresas que manifiesta las tendencias contemporáneas del desarrollo tecnológico y la disputa de territorios para el saqueo, como puede observarse en los intentos de apropiación del litio como insumo para la transformación del patrón energético.
VIENEN POR EL AGUA, LOS GLACIARES Y LOS BOSQUES
«La ley ómnibus tiene nombre y apellido». Expuso Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). en el Congreso de la Nación, donde también aseveró que el proyecto de ley y el DNU 70 «son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental». Pero además dio nombres de los que son (y serían) beneficiados con medidas como la modificación en la ley de bosques. Y son tres conocidos: Elsztain, Macri y Caputo.
«Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX», se lamentó Viale.
Entonces dio cifras: Eduardo Elsztain, el dueño del hotel donde estuvo alojado el presidente Javier Milei, también dueño de Cresud. «Es el mayor terrateniente de Argentina –lo definió–, tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya en Salta? 120.000 hectáreas. El equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale la ley, las va a destrozar».
Un alto funcionario de su grupo IRSA fue designado en el cargo que controlará los bienes del Estado Argentino.
IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) es una sociedad comercial de capitales argentinos, controlada por Cresud S.A.C.I.F. y A. en un 64%, dedicada a los bienes raíces. Junto con numerosas empresas que controla, conforma el grupo inmobiliario más grande de la Argentina, propietario de los principales centros comerciales y responsable de algunos de los mayores proyectos inmobiliarios del país. Su presidente, el empresario Eduardo Elsztain, es también dueño del hotel Libertador donde Milei residió antes de mudarse a Olivos acumulando un gasto de alrededor de 20 millones de pesos.
Elsztain es uno de los empresarios más influyentes en el ámbito inmobiliario de Argentina, pero además tiene importantes inversiones en minería y en el rubro financiero. Acrecentó considerablemente su fortuna durante el menemismo, cuando aprovechó la privatización del Banco Hipotecario Nacional (hoy sólo Hipotecario) y se hizo dueño del mismo. Ahora, el empresario también tiene en la mira el Banco Nación, que Milei quiere privatizar.
Elsztain es también director del Brasil Agro Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas y Austral Gold (una empresa minera) y fue indicado como titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y en la Isla de Man tras las filtraciones de los Panamá Papers.
Dirige el grupo CRESUD, que entre otras actividades es la segunda mayor empresa argentina propietaria de tierras para producción agropecuaria del país. Cresud posse tierras en Salta, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza. Produce granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes.
A fines de este año su nombre se viralizó en redes sociales debido al curioso resultado de una búsqueda de Google. Resulta que su nombre es el que aparece cuando se le pregunta al motor de búsqueda «quién es el dueño de la argentina».
Claramente no es el único beneficiado, junto a Elsztain, figuran Macri, Caputo y Barrick Gold como los mimados del DNU y la Ley Ómnibus
HIELOS EN ESTADO DE COMA
La ley ómnibus retoma el objetivo de avanzar sobre la protección de los glaciares y zonas periglaciares protegidas por una ley sancionada en el 2010 tras una larga lucha de las poblaciones y las organizaciones ambientales. En la actualidad, la normativa impide la actividad minera, mientras que el proyecto enviado al Congreso autoriza la actividad en el terreno periglaciar.
El proyecto pretende modificar la Ley 26639 de preservación de los glaciares y del ambiente periglacial con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. estas modificaciones responden a un reclamo histórico del sector minero y desconocen el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección ambiental.
Mientras que los glaciares son las masas de hielo en sí y sus cursos de agua internos y superficiales (donde tampoco se puede practicar la minería), el ambiente periglacial abarca el área con suelos congelados que, en la montaña, actúa como regulador de los recursos hídricos. Su protección se incluyó en la Ley de Glaciares expresamente, producto de un arduo proceso legislativo, en el que se tuvieron en cuenta los aportes de diversos especialistas nacionales e internacionales.
Los glaciares acumulan más del 75 por ciento del agua dulce de la Tierra y forman parte del ciclo hidrológico; actúan como reservas de agua que retienen parte de las precipitaciones. El agua líquida de los glaciares puede provenir de la fusión de nieve o hielo o directamente de lluvia. El sistema hidrológico interno de un glaciar es complejo variando de lugares de percolación (paso lento de fluidos a través de materiales porosos) a sistemas de túneles, grietas y cuevas.
En Argentina los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce más importante que alimenta las cuencas hidrográficas del territorio y es apta para el consumo humano.
A través de la reforma propuesta por el Gobierno de Milei se permite la actividad minera en el ambiente periglacial, que actualmente está expresamente prohibida por ley.
En abril de 2016 fueron públicas las denuncias del Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, Estados Unidos, Robert Moran, que visitó San Juan tras el inmenso derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en Jáchal, que contaminó 5 ríos. El especialista informó que la precariedad sostenida en el tiempo en materia de seguridad de la mina Veladero es alarmante. Alertó que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero. Además de corroborar que el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente periglacial. Algo gravísimo: el curso del río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y además el camino a las minas Veladero y Pascua Lama viola la ley de glaciares ley 26.639
El derrame estuvo totalmente contaminado con algo muy peligroso que son cientos de compuestos tóxicos. La solución cianurada tiene un pH de entre 10 y 12, porque si bajara, generaría gas cianuro, que es el mismo gas que usaron los nazis. O sea que un pH bajo podría matar a sus empleados. Entonces, lo mantienen alto. El tema es que con ese pH, los metales pesados y altamente tóxicos como uranio, zinc, arsénico, bario, cadmio, cromo o cobalto, caen en la solución.
Ya en ese entonces el Juez Federal Sebastián Casanello vinculó los derrames producidos en la mina Veladero, bajo responsabilidad de la empresa Barrick Gold, con la violación de la ley de glaciares. Su fallo estableció que si la ley se hubiese aplicado, al encontrarse Veladero en ambiente periglaciar, dichos derrames no se hubieran producido.
Nuestra Ley no sólo es la primera en el mundo en su género, también fue una ley muy disputada. La presencia del lobby minero, tanto en la prensa como en el Congreso, representada por la cámara empresarial minera, gobernadores y funcionarios nacionales, fue no sólo constante sino también muy agresiva.
La ley de glaciares la quieren modificar porque protege los bienes comunes, glaciares, periglaciares, montañas, y ríos y no les permite a las empresas llevar adelante la total depredación que requiere el saqueo de nuestros territorios para sus fines de mercado y financieros.
Saben que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley y para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores.
Existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo» ya que «la Argentina necesita inversiones», dicen los funcionarios
Esa es la cara más visible del modelo de depredación, dicen que la Argentina necesita inversiones, entonces debemos modificar las leyes que ponen límites a la destrucción de los territorios, de las poblaciones y los bienes comunes para que las empresas puedan destrozar legalmente.
AVANZAR SOBRE EL BOSQUE PROTEGIDO
El director de programas de Greenpeace Argentina, Diego Salas, aseguró que la ley de bosques vigente “ha logrado bajar la tasa de deforestación anual en un 40% desde su sanción. Esos bosques están protegidos por algo, no por capricho, sino en beneficio de todo el pueblo” y remarcó que el paquetazo de Milei «habilita la destrucción de todo».
«En el caso de la Ley de Quemas, la modificación sólo afecta el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, que pasa de 30 a 90 días. Sin embargo, en caso de falta de respuesta de los gobiernos, las mismas quedan automáticamente habilitadas», señaló. El activista advirtió que «esta decisión pone en serio riesgo a los humedales y pastizales, víctimas de los incendios año tras año, como los lamentables antecedentes en el Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, que en 2022 perdió más de un millón de hectáreas».
«A su vez, son derogadas las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego introducidas en 2020, las cuales no permitían modificar la venta y destino de una zona incendiada por 60 años», dijo. Las fotos de una marcha histórica contra el ajuste de Milei «Si bien gracias a la presión de la gente y de varias organizaciones sociales se logró el retroceso en la autorización de desmontes en bosques protegidos (Categorías I- rojo, y II- amarillo), se continúa desfinanciando la Ley de Bosques», agregó. Y si bien con la citada modificación «el 80% de los bosques del país, alrededor de unas 50 millones de hectáreas, se salva de la posible legalización del desmonte», el recorte presupuestal «reducirá la capacidad de las provincias para el control a los desmontes ilegales e incendios forestales, y la promoción de actividades sustentables en bosques».
La organización Greenpeace continuará con la campaña «Salvá Las Leyes Ambientales» que impulsa junto a más de 30 ONGs y que reúne firmas de adhesión en la web www.salvalasleyesambientales.org que ya suscribieron 80 mil personas.
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, EL MERCADO DEL CALOR
En cuanto a política climática, el proyecto de Ley «ómnibus» propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.
Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza, y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones que aceleran el calentamiento global
El artículo 320 faculta al poder ejecutivo a asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país en el Acuerdo de París. También podrá establecer anualmente límites de derechos de emisión.
En paralelo, el artículo 323 establece que el ejecutivo podrá crear un mercado de derechos de emisiones de GEI, «en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización«. El ejecutivo podrá definir las reglas del mercado, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio.
PRIVADOS DE SEMILLA
La Ley Ómnibus apunta a “la entrega total de las semillas a los gigantes de la transgénesis”
El proyecto de ley plantea un avance que representa un riesgo significativo al imponer la adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991. Algunos motivos de preocupación incluyen la prohibición o restricción sobre el uso e intercambio de semillas privatizadas.
La Convención UPOV de 1991 y las leyes redactadas conforme a esta otorgan derechos de propiedad sobre las nuevas variedades de cualquier especie vegetal, incluyendo las silvestres, cultivadas, medicinales, hongos, bacterias y algas, a las compañías o instituciones que desarrollaron dichas variedades. Esto implica que solo esas entidades pueden llevar a cabo actividades como la producción, reproducción, venta, exportación o importación de dichas variedades. Quienes deseen realizar estas acciones necesitan obtener un permiso de la compañía y cumplir con las condiciones establecidas, como el pago de derechos y regalías, para mantener la semilla y su uso continuado en las temporadas siguientes.
Para los agricultores y pequeños productores, esta normativa implica una serie de restricciones significativas. En primer lugar, podrían obtener legalmente estas semillas sólo si las adquieren de una entidad comercial autorizada por la compañía o instituto que reclama propiedad sobre ellas. Además, se verían afectados en tres aspectos fundamentales: a) su capacidad para obtener legalmente estas semillas se limitaría a la compra a entidades comerciales autorizadas; b) se restringiría o prohibiría su derecho a guardar semillas para la siguiente temporada; y c) las semillas privatizadas no podrían intercambiarse de ninguna manera entre los agricultores, ni siquiera como un regalo.
La privatización de las semillas campesinas, según esta normativa UPOV 91 y las leyes de patentes, se llevaría a cabo a través de dos mecanismos. En primer lugar, las compañías e institutos de mejoramiento podrían tomar semillas de los campos de agricultores, reproducirlas, realizar alguna selección para homogeneizarlas y luego privatizarlas como una variedad que ellos han descubierto. En segundo lugar, una disposición adicional del UPOV 91 permitiría extender la propiedad privada sobre una variedad específica a cualquier otra variedad similar a la que se ha privatizado. Utilizando estos dos mecanismos, una compañía de semillas podría tomar semillas del campo de agricultores, realizar una selección simple, privatizarlas y luego reclamar la propiedad sobre todas las variedades similares, limitando así la autonomía de los agricultores sobre sus propias semillas.
Por Cecilia Fernández Lisso, coordinadora de Ambiente y Modelo Productivo, IEF CTA Autónoma.
