En este documento, el Instituto de Estadísticas y Formación (IEF-CTA) presenta una radiografía sobre el mercado de trabajo e indaga sobre la incidencia de la pobreza y las principales estrategias de subsistencia desarrolladas por los hogares al primer trimestre de 2023.
El informe producido por el Equipo de trabajo integrado por Claudio Lozano, Ana Rameri, Eugenia Ventura, Agustina Haimovich, Javier Rameri, Mariana Rivolta y coordinado por Daniel Godoy y Tomás Raffo concluye que «En este marco queda claro que, si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar los ingresos de los sectores más postergados, principalmente de quienes se encuentran en pobreza extrema, lejos están de ser suficientes para asegurar condiciones mínimas de reproducción que permitan que ningún hogar pase hambre en la Argentina o, menos aún, que superen la situación de pobreza. Incluso aunque los hogares accedan también a un empleo, el escaso nivel de ingresos que obtienen a través de ocupaciones informales o del autoempleo de subsistencia, impide a las familias acceder a un umbral de consumo básico, reproduciendo los efectos de los crecientes niveles de desigualdad y concentración de la riqueza, que continúan empobreciendo a gran parte de la sociedad. En una Argentina que además de sus problemas estructurales se enfrenta actualmente a los efectos que genera el programa económico recesivo acordado con el FMI, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares. Además de la necesidad de apuntalar la política salarial, en la medida que prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo se encuentra precarizada es imprescindible también generar una política
de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, a fin de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad, garantizando asimismo el establecimiento de un piso salarial verdaderamente efectivo en el mercado laboral, de forma tal de favorecer la
capacidad de discusión del conjunto de trabajadores.
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El trabajo utiliza como fuente la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC. Los datos presentados refieren al total de aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.
A modo de síntesis, se destaca en primer lugar que la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 16,3% de la población económicamente activa (PEA). La presión sobre el mercado laboral supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que demandan activamente otro empleo. Así, la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 21,7% de la PEA. Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 26,8% de la PEA. En un mercado de trabajo signado por los efectos de la desaceleración de la actividad económica provocada por el acuerdo con el FMI y agravada por el impacto de la sequía, el desempleo estructural se manifiesta como uno de sus rasgos más extremos: para el primer trimestre de 2023, 1 de cada 3 desocupados y desocupadas se encontraban buscando empleo sin éxito hacía más de un año.
Los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres, lo cual lleva a que la subutilización laboral para este grupo ascienda al 19,4% (versus el 13,7% para los varones). Lo mismo ocurre con la presión efectiva (23,5% vs. 20,2%, respectivamente) y con la disponibilidad (28,9% vs. 25,1%, respectivamente). Entre las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad, para quienes la desocupación alcanza el 19,5%, es aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (21,5% vs. 17,9% de los varones jóvenes).
Los elevados niveles de desocupación estructural ponen en cuestión la necesidad de repartir el tiempo de trabajo, en un contexto en el cual casi 3 de cada 10 ocupados/as trabajan por encima de las 45 horas semanales. Son trabajadores expuestos/as a un desgaste prematuro de su fuerza de trabajo a causa de la ultra explotación mediante jornadas extenuantes. Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas del total de sobreocupados/as, podrían liberarse casi 2,5 millones de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo. Si se acota el ejercicio a aquellos/as trabajadores sobreocupados/as que se desempeñan en una relación de dependencia formal, en tanto existen más mecanismos para hacer efectivos estos controles, el resultado sigue siendo contundente: la cantidad de desocupados/as se reduciría casi un 55%.
Las dificultades que presenta la matriz productiva argentina para generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales, se han agravado en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 78% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 72% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 74,3% de la población asalariada, el 36,7% son informales, indicador que asciende al 63% para la población juvenil.
El carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen las/os trabajadores. Durante este 1er trimestre de 2023, los ingresos en promedio rondaron los $112.155 mensuales. Tanto las/os cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto. En el primer caso, con ingresos que promediaron los $82.321 (26,6% por debajo de la media), mientras que en el segundo caso alcanzaron los $62.652 (44,1% por debajo de la media). En ese marco, no sorprende que ambas categorías estén sobrerrepresentadas dentro del conjunto de trabajadores que están buscando otros empleos. De hecho, en conjunto representan el 72,3% de las/os trabajadores demandantes.
Por otra parte, el análisis sectorial indica que, al 1er trimestre 2023, hubo cuatro ramas de actividades que concentran la mitad de las ocupaciones: Comercio (18,18%), Industria manufacturera (12,4%), Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales (10,7%) y Construcción (8,7%). La distribución sectorial puede analizarse también al interior de la población desempleada, en función de la última ocupación en la que trabajaron. Dentro de los desocupados y desocupadas, buena parte proviene del comercio (21,2%), la construcción (16,5%) y el servicio doméstico (13,6%). En el caso de la construcción y el servicio doméstico, son ramas que están claramente sobrerrepresentadas respecto de la estructura ocupacional actual. Estas ramas están a su vez entre las que presentan mayores porciones de ocupadas/os que demandan otro empleo. Ello se encuentra asociado en buena medida con los bajos ingresos que tales actividades ofrecen. La rama que presenta un menor nivel de ingresos medios es el trabajo en casas particulares ($36.972, un 67% por debajo del promedio general). Le siguen la rama de Servicios Comunitarios y sociales ($80.808), Hoteles y restaurantes ($81.415) y Construcción ($94.250), con ingresos medios en torno a un 28%, 27,4% y 16% por debajo de la media, respectivamente. Asimismo, tanto el servicio doméstico como la construcción son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro de la población asalariada: 75,8% y 67,1%, respectivamente. Consecuentemente, ven vulnerado su acceso a los derechos sociales garantizados para el segmento formal. El nivel de informalidad es elevado también, aunque en menor medida, en las ramas de servicios comunitarios, sociales y personales (54,6%), hoteles y restaurantes (44,5%) y comercio (43,2%).
En este contexto, obtener un empleo no garantiza acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que establece la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor de referencia en los últimos años. En efecto, el 36% de los/as trabajadores obtienen ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 28% de los varones ganan menos que el salario mínimo, este porcentaje asciende al 45,9% en el caso de la población femenina. En parte, ello responde a que son también las mujeres las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de reparto entre el trabajo productivo y reproductivo.
Sin embargo, los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial. De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que el 30,5% de las/os trabajadores ganan menos que el salario mínimo por hora. Este porcentaje asciende al 46,2% para las/os cuentapropistas y 49,7% para la población asalariada informal.
