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En las últimas horas el gobierno anunció un acuerdo con los formadores de precios de medicamentos, el cual consiste en un aumento permitido hasta 1 punto por debajo de la inflación. Por otro lado también planteó el Plan “Pacientes Cuidados” por el cual propone un descuento del 35% para las personas sin cobertura social. La pregunta dominante ante estos anuncios, es si se puede confiar en que los mismos formadores de precios cumplan con la letra del acuerdo. Los aumentos desmedidos que se han ido suscitando por parte de la industria farmacéutica no tienen justificación ni en los costos productivos ni en la logística, es por eso que la implementación de este acuerdo que durará 60 días resulta una especie de bomba de humo. ¿En razón de que aumentarían todos los meses?, y ¿después de los sesenta días que se prevé que va a durar la medida?, son varias preguntas que no cuentan con ninguna respuesta. El antecedente inmediato de una medida que llegaba como influyente a favor del bolsillo de los trabajadores (pero que no lo terminó siendo) fue la que investigó el Observatorio del Medicamento como Bien Social sobre el congelamiento de precios de fines de 2021 y principios 2022. A pesar de que durante el congelamiento no hubo ninguna variación, se vieron subas excesivas tanto en la previa como luego de la finalización de la medida en donde se demostró que las grandes empresas farmacéuticas no solo se cubrieron sino que generaron ganancias por encima de la media que venían aumentando.

Es como si mandaran un zorro a cuidar gallinas.

Lo mismo sucede con el programa “Pacientes Cuidados”, que abre una nueva incógnita, ya que si se puede hacer un descuento del 35% para una franja de población, ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden bajar los precios o al menos no aumentarlos de la manera sostenida en la que lo ha venido haciendo la industria, a veces hasta por encima de la escalada inflacionaria? Además, realizar un padrón de toda la población que no cuenta con ninguna cobertura parece un tanto utópico para la inmediatez que se busca con la medida. Por otro lado, las farmacias que deben adherirse al programa, aunque todavía no pareciera estar muy claro como, se repartirán las formas para poder sostener el 35% de descuento para aquellas personas que no cuentan con una cobertura social. Seguimos pensando que invertir en producción pública y organizar la provisión con compras centralizadas deberían ser parte de la política de medicamentos que implemente el Estado para no dejar en manos de la industria la salud de nuestro pueblo.

Por el Observatorio de Medicamentos como Bien Social