A modo de contexto: corridas cambiarias y renuncia presidencial (Publicado en el Boletín IEF N°1)
Son los dos datos significativos que merecen destacarse de lo ocurrido en materia económica y política durante el reciente mes de abril. Por un lado, la desembozada corrida cambiaria, que en poco menos de una semana llevó la cotización del dólar no oficial, de $400 a casi $500. Un aumento del 25% en apenas 10 días fue la muestra más clara del abismo que en materia económica parece cernirse en este delicado año electoral.
Un poco de cronología podría arrojar luz sobre la delicada coyuntura económica, social y política que estamos atravesando. Hasta mitad del mes no hubo novedades en la cotización del dólar ilegal, éste se mantuvo en la franja de los $400. Sin embargo, dos hechos motivaron el inicio de la corrida, por un lado la publicación del nuevo dato de inflación, correspondiente a marzo que se publicó el 12 de abril que arroja una aumento del 7,7% mensual, acelerándose respecto a la inflación del mes anterior (que fue del 6,6%); muy lejos de la meta del 3% que se había fijado el Ministro de Economía para el mes. Cabe acotar que este nivel de inflación nos ubica en una inflación anual acumulada del 104,3%; y si tomamos el trimestre la inflación acumulada es del 21,7%; lo que arroja una proyección de inflación anualizada para todo el 2023 en la zona del 120%. Claramente una muestra cabal del fracaso de la política económica del gobierno, en particular de su programa de “Precios Cuidados” anunciado en noviembre 2022, que al focalizarse en el precio final de los productos, deja intacta la desigual concentración económica al interior de cada cadena de valor, que es la que explica y a su vez es el motor sobre lo que se asienta la aceleración inflacionaria.
Una economía cuya tasa de inflación se acelera en lugar de estabilizarse o reducirse (casi una utopía), es una máquina de generación de comportamientos especulativos y defensivos, donde los actores con mayor poder económico (las empresas concentradas con poder de mercado) especulan con el valor de la divisa realizando ganancias espurias, mientras el resto de los actores oscilan entre comportamientos defensivos de refugio en el dólar -los que tienen alguna capacidad de ahorro-, o lisa y llanamente padecen la pérdida del poder de compra de sus ingresos, lo que no obsta para incrementar sustantivamente el malestar social.
Es bueno considerar la dinámica del ajuste en marcha. Cada salto cambiario, como el que ha ocurrido en abril, supone un aumento de las presiones que posibilitan que el capital concentrado eleve el aumento de la tasa de inflación, que al efectivizarse produce dos efectos: consuma la pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares y al mismo tiempo agrega nuevas presiones al tipo de cambio, cuyos propietarios no se resignan a perder poder adquisitivo de sus exportaciones a que da lugar la inflación que se originó por el propio aumento del tipo de cambio. Un perro que se muerde la cola es lo que puede figurarse de la lógica AUMENTO DE TIPO DE CAMBIO – AUMENTO DE LA INFLACION – PERDIDA DEL PODER ADQUISTIVO – NUEVO AUMENTO DEL TIPO DE CAMBIO. Una espiral cuya detención no parece fácil de avizorar, menos aún en el contexto señalado de recambio gubernamental que supone las elecciones presidenciales.
En este contexto de suma debilidad del Gobierno frente a los factores de poder (que se expresa en la imposibilidad de instrumentar políticas que frenen la lógica expuesta), poco importan las concesiones que se le hagan para intentar llegar a un acuerdo de mayor estabilidad en el sistema de precios. Palmaria demostración de lo anterior fue que la corrida se inicia a posteriori de una nueva concesión del gobierno a los agroexportadores, que supuso un aumento de $230 a $300 (un aumento del 30%) el nuevo valor de la liquidación de divisas. Fue contundente la respuesta de los representantes del sector pronosticando el poco éxito de la medida en la liquidación de la cosecha, porque según sus representantes, hay una preocupante escenario cambiario, y una fuerte inflación, amén de la sequía, por si les faltaban más excusas.
Muestras de debilidad del gobierno que se acumularon con la visita del Ministro de Economía a Estados Unidos buscando alguna señal del Fondo Monetario Internacional para adelantar reembolsos que no consiguió, al mismo tiempo que importantes funcionarios de primer nivel del gobierno de Estados Unidos desfilaban por el escenario político local anunciándonos que “los argentinos tienen que prepararse para sufrir más dolor”, o boicoteando la posibilidad de articulación con China, o accediendo a sensibles secretos en materia de energía nuclear, o bien fijando las condiciones para la explotación de nuestros recursos naturales (el litio). Debilidad que se hizo manifiesta cuando el Presidente en el medio de la corrida, cuando el dólar alcanzaba el valor de $440; anunció en las vísperas del último fin de semana que “RENUNCIABA” a ser candidato en las próximas elecciones. Como si fuese también una espiral, el anuncio de renuncia del Presidente, le agregó aún más debilidad al delicado escenario económico, como se verificó con el abrupto aumento de la cotización que en apenas dos días escaló a la cifra récord de $500. Poco oportuno anunciar en el medio de la corrida cambiaria la renuncia del presidente. Por más que sea a la candidatura, lo que se escucha y no deja de tener importancia es “RENUNCIA”, y ello remite a un insoportable vacío en el lugar que no puede estarlo, el ejercicio concreto del poder del Estado.
Las razones de la debilidad – Acuerdo con el FMI y el ajuste fiscal en abril
En un lugar central hay que ubicar los efectos del Acuerdo con el FMI realizado por el actual Gobierno. Acuerdo con un claro contenido inflacionario y recesivo, dado por las obligaciones a aumentar las tarifas de los servicios públicos, elevar el tipo de cambio, subir la tasa de interés, eliminar la asistencia del Banco Central, y realizar un ajuste del mal denominado “gasto público”, es decir los ingresos que los sectores populares reciben del Estado, principalmente de los jubilados y los que reciben planes de asistencia social por estar excluidos del cada vez más estrecho “mercado”. Acuerdo, que siempre es bueno dejar en claro, es el resultado de la estrategia política y económica del gobierno anterior, el de Macri, para condicionar el destino de nuestro país en función de los intereses imperiales de Estados Unidos, que usó al FMI para realizar un préstamo millonario a la Argentina violando los propios estatutos del organismo. El Gobierno del Frente de Todos lamentablemente aceptó pasivamente este condicionamiento clave de los factores de poder, inmolando en dicho acuerdo todas sus promesas de mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino; y al mismo tiempo fundando las razones estructurales de su debilidad política.
En este marco, la novedad fiscal de abril es la publicación por parte de la Secretaría de Hacienda de la ejecución presupuestaria al 1er trimestre 2023 del Sector Público Nacional. Según los datos, el déficit del trimestre superó en más del 50% la meta impuesta por el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI de modo que se incumple la meta fiscal por primera vez desde su firma.
Esto es así porque, aunque se revisó la meta de acumulación de reservas internacionales netas trimestrales y anuales, no se modificó el objetivo de déficit fiscal, tal como pretendía ingenuamente en el Ministerio de Economía. No se incorporó la caída en la recaudación que surge de la contracción en la actividad (que, por ahora, solo impactó sobre la recaudación de derechos de importación que cayó 22% en términos reales) ni el potente efecto de la sequía que afectó el nivel de exportaciones (los derechos de exportación perdieron 69% en variación real). Ambos efectos se subvalúan en las proyecciones fiscales del FMI para 2023.
La meta fiscal 2023 quedó fija en -1,9% del PBI (desde el 2,5% de 2022) y se apuntó a cargar todo el impacto del ajuste sobre el gasto primario: la recomendación es recortar subsidios, planes sociales y transferencias a provincias. También se pide minimizar el efecto fiscal de la moratoria previsional votada en febrero por el Congreso.
Sin embargo, a pesar del ajuste fiscal operado, el objetivo en términos de déficit quedó lejos. Para el 1er trimestre de 2023 la meta fiscal era alcanzar un déficit primario base caja del Sector Público Nacional de $441.500 millones. Este valor resultó superado en más del 50% con un valor de $689.928 millones.
Este resultado surge de comparar ingresos que cayeron 11,7% i.a real (-9,2% v.i. de los recursos tributarios) y gastos primarios que perdieron en valores reales 6%: con ajuste en las prestaciones sociales (-2,1%), los subsidios económicos (-37%), las transferencias corrientes a provincias y universidades (-19% y -4%, respectivamente) y en los otros gastos (-33%).
La protesta social en aumento
En este escenario no podría sorprender el fuerte crecimiento de la protesta social de los sectores populares, y en su interior el Plan de Lucha de nuestra CTA Autónoma y de las diversas organizaciones populares que lo componen, en las que podemos destacar las movilizaciones de nuestra FENAT (Federación Nacional Territorial) en contra del aumento desorbitante de los alimentos a inicios del mes (el 4 de abril), la jornada de lucha a lo largo y ancho del país del 12 de abril de todas las organizaciones que componen nuestra CTA Autónoma en contra de las políticas de ajuste del FMI, las medidas de fuerza de nuestro compañeros de la salud nucleados en la FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud), en las medidas contra el despido de 48 compañeros en el multimedio Clarín, las movilizaciones de nuestros compañeros de ATE en el marco de las negociaciones del convenio para lograr salarios dignos del 27 de abril, y finalmente la convocatoria a continuar el Plan de Lucha en Unidad el 1ro de Mayo.
Del mismo modos los compañeros de otras organizaciones populares también realizaron importantes actos de protesta al rumbo económico, principalmente las organizaciones que componen la Unidad Piquetera (Polo Obrero, Libres del Sur, Frente de Organizaciones en Lucha, el Teresa Vive, entre otras) que vienen desarrollando también un plan de lucha, que se observa en el acampe realizado el 13 de marzo (frente al Ministerio de Desarrollo Social), continuando con la jornada de protesta del 5 de abril (registrándose una gran cantidad de cortes de ruta y acceso a ciudades), y finalmente en las jornadas del 19 y 20 de Abril (con acampe en la Plaza de Mayo).
Las razones de la protesta: los salarios derritiéndose
1. Presentamos una breve síntesis sobre cómo se van derritiendo los salarios (y como resisten).
2. El Índice de Salarios del INDEC aumentó un 6% en febrero, por debajo de la inflación del 6,6%. En este mes perdieron los asalariados del sector público (3,8%) y recuperaron unas décimas los del sector privado (6,9% los registrados y 7,1% los no registrados).
3. La comparación contra febrero de 2022 da muy distinta. El salario de los trabajadores registrados se movió con la inflación (perdieron un 1,6% los del sector privado, ganaron un 0,8% los del público). Los no registrados tuvieron un fuerte retroceso: un 10,9% en términos reales.
4. Si se compara contra diciembre de 2019 la variación vuelve a cambiar. Los trabajadores registrados del sector privado le empataron a la inflación; los del sector público perdieron un 4,4% y los no registrados un 18,4%.
5. Los datos de marzo provienen de otra fuente (RIPTE) que releva los salarios de los asalariados registrados (con una metodología distinta a la del Índice de Salarios del INDEC). La variación mensual fue del 9,8%, muy por encima del 7,7% del IPC.
6. La suba del RIPTE en marzo se agrega a la de febrero y en lo que va del año el salario real creció un 1,5%. En otras palabras, la aceleración de los precios tuvo un ritmo menor que el aumento salarial promedio de los asalariados registrados.
7. A pesar de este incremento el salario real medido por el RIPTE cayó un 3,1% en comparación con marzo de 2022 y sigue debajo de diciembre de 2019 (- 0,7%).
8. Más allá de las distintas metodologías, y con muchas aclaraciones respecto al dato de asalariados no registrados, la conclusión parece bastante clara. El salario de los trabajadores registrados se viene defendiendo como puede, mientras que el de los no registrados se derrite.
9. Imposible no relacionar esta divergencia con el contexto institucional: las paritarias están funcionando bastante bien como mecanismo defensivo. Quienes cuentan con esa herramienta pueden dar la pelea con mucho mejor resultado que quienes no cuentan con ella.
10. Además, el éxito de las paritarias impide que el salario funcione como ancla anti inflacionaria. Esto es bueno para los trabajadores registrados, pero malo para el Ministro de Economía y trágico para los asalariados no registrados.
11. La aceleración de la carrera precios-salarios afecta mucho más a quienes no cuentan con mecanismos para ajustar rápidamente sus ingresos: los empleadores lo hacen automáticamente, las paritarias llegan un poco más tarde, los trabajadores no registrados son los que más tardan.
12. Si esta carrera no cambia la pendiente, a la larga no va a haber paritarias ni política de ingresos que alcance. Con una inflación corriendo muy por encima del 100% anual no hay ninguna herramienta a la mano de los trabajadores que tenga efectos positivos en el mediano plazo.
El deterioro del cuadro laboral vigente
Un rápido punteo sobre la situación del mundo laboral indica que:
Si bien la tasa de desocupación del 6,3% es la más baja de los últimos veinte años, lo cierto es que este indicador ha dejado de sintetizar la demanda de empleo en el mercado de trabajo. Quienes tienen un empleo también buscan empleo, situación que lejos de ser irracional, se explica por la mala calidad del que disponen. En esta situación se encuentra el 15,4% de la población económicamente activa lo que eleva la verdadera presión sobre el mercado laboral al 21,7%. Si además tenemos en cuenta que hay un 6,5% que buscan trabajar más horas para mejorar sus ingresos sin conseguirlo, tenemos que el 28,2% de la PEA conforma la disponibilidad de mano obra, multiplicando casi por cinco el indicador de desocupación que cumple la función de deprimir las condiciones de negociación del conjunto de la clase. Las mujeres y los/as jóvenes se llevan a peor parte en este escenario. La desocupación entre los jóvenes es tres veces superior a la general mientras que los niveles de subocupación entre las mujeres son de casi el doble.
En la Argentina hay 19,2 millones de personas que están ocupadas. De éstas el 73,6% (14,1 millones) mantiene una relación de dependencia, es decir, son asalariados/as y el 22,4% (4,3 millones) son trabajadores/as por cuenta propia. El resto son principalmente patrones pero en general de unidades económicas pequeñas, con bajos ingresos. La incidencia de la informalidad y la precariedad laboral es notable entre los dos grupos más importantes. Del conjunto de asalariados/as, 5 millones se encuentran en una relación de trabajo ilegal, sin registrar, víctima del fraude laboral. Esto equivale a decir que el 35,5% de los puestos de trabajo son precarios. Pero lejos estamos de que todo esté resuelto en el mundo de la formalidad: por lo menos el 10% de este conjunto cobra un salario por hora menor al mínimo legal (SMVM) y el 4% tienen tiempo de finalización en sus contratos.
Por su parte, las relaciones de trabajo bajo la forma factura, revelan la nueva manera de ejercer el uso precario de la fuerza de trabajo por parte de las grandes empresas. En esta situación se encuentra cerca del 40% de quienes escapan de las relaciones asalariadas. Sólo el 8% experimenta una mayor condición de autonomía por ejercer una profesión liberal. El resto son autoempleos de subsistencia ante la falta de oportunidades de empleo disponibles que se desempeñan tanto de manera colectiva a través del cooperativismo y la economía social, o bien, individualmente. Predominan en este amplio y heterogéneo conjunto del mundo del trabajo, las dificultades para lograr condiciones estables para su reproducción. En efecto, se verifica que más de la mitad de los cuentapropistas (el 54%) perciben ingresos inferiores al piso salarial que se establece para los/as asalariados/as.
La desvalorización del trabajo en el actual sistema económico llega al extremo de verificarse que 8 de cada 10 ocupados/as perciben ingresos laborales por debajo del valor de una canasta básica para una familia tipo. Al mismo tiempo, de éstos, la mitad ni siquiera alcanza a cubrir el gasto alimentario para esa configuración familiar.
Tener un empleo no garantiza acceder a condiciones de vida de dignas. Esto es el (relativamente) nuevo fenómeno de los/as trabajadores/as pobres que se refleja en el hecho que en la actualidad cerca del 30% de quienes tienen un trabajo remunerado -5,8 millones de trabajadores/as- son pobres. Situación que, como es de esperarse, afecta especialmente a las figuras precarias e informales pero también al universo de la formalidad laboral con una tasa de pobreza que oscila el 15% dando cuenta del paulatino proceso de devaluación de la norma salarial.
Sin embargo, escapan del lente estrecho de lo que se denomina comúnmente como trabajadores/as otros grupos que con su trabajo cotidiano, crean riqueza y valor económico, sin (o con escaso) reconocimiento y retribución. Entre ellos, se destaca a quienes realizan actividades comunitarias en el marco de los programas sociales. Son cerca de 1,4 millones de personas que forman parte de la economía popular a quienes se les reconoce tan sólo la mitad del salario mínimo, a pesar de constituirse en el principal vehículo del Estado para acceder a territorios donde está fuertemente deslegitimado.
Asimismo, existe otro grupo del trabajo que se oculta en la mal llamada inactividad para las estadísticas laborales tradicionales, abarca entre sus categorías la correspondiente a la ama de casa, con 3,7 millones de mujeres, que suele ser la que carga a tiempo completo con el trabajo reproductivo en el hogar, morada oculta del capital, como bien lo identificó el feminismo desde mediados del siglo pasado. La forma salarial moviliza y explota una fuerza de trabajo adicional, invisibilizada y sin remuneración, que según estimaciones de la Dirección del Igualdad y Género aporta a la formación del PBI el equivalente al 16%, incluso por encima de la industria.
En el mundo laboral contemporáneo existe una multiplicación de las formas de trabajo que se escapan de la norma salarial pero que generan valor y riqueza social. En Argentina el problema no es la falta de trabajo. Por el contrario, éste abunda a cargo de la fuerza de trabajo viva que sostiene la vida, la reproducción social y el sistema económico. Lo que falta es el reconocimiento de esas prácticas vitales, tanto en ingresos como en derechos.
LAS OTRAS CUESTIONES ESTRUCTURALES
En esta sección hacemos un breve repaso sobre recientes publicaciones que vienen desarrollando los compañeros del Instituto, estas son:
VUELVEN A HABILITAR LA EXPLORACIÓN SÍSMICA EN MAR DEL PLATA
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata desestimó los recursos extraordinarios que habían presentado organizaciones ambientalistas y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para bloquear la exploración sísmica en búsqueda de hidrocarburos a 320 kilómetros mar adentro de las costas de la ciudad. Si bien las organizaciones presentarán un recurso de queja para que el caso llegue a la Corte Suprema, la sentencia habilita a Equinor, YPF y Shell, las firmas que intervienen en el proyecto, a explorar la zona.
En un reciente informe del Grupo de Investigación Marítima y Fluvial del Instituto de Estudios y Formación IEF de la CTA Autónoma, se recopila buena parte de las argumentaciones divergentes que existen al respecto, y que componen un abanico que debe expandirse al conjunto de las representaciones académicas, sociales, y ambientales que puedan expedirse respecto de un procedimiento tan controversial.
LOS DUEÑOS DEL AGRONEGOCIO EN ARGENTINA
Pandemia, guerra y sequía enumera el gobierno como causas de la desbocada escalada inflacionaria. La escasez de dólares, así también como la especulación en la liquidación de divisas por parte de los grupos líderes de la producción agropecuaria.
Con pocos instrumentos y quizá también poca voluntad (recordemos tema Vicentín) la vulnerabilidad del gobierno es extrema.
El proceso de concentración de tierras y rentas y la aparición de los “pooles de siembra” alteró drásticamente categorías tales como “campo”, “productor” ya que al nombrarlas en realidad hablamos de poderosos grupos de inversión agroalimentarias.
De esos casi 100 grupos que se dedican al agronegocio y siembran, los primeros 15 acumulan 1,6 millones de hectáreas, con una base de 50 mil y un promedio de 100 mil hectáreas. ¿Son éstas empresas las dueñas del agronegocio en el país?
SITUACIÓN ALIMENTARIA-NUTRICIONAL EN ARGENTINA
En el informe anual de la situación de la soberanía alimentaria en argentina (iassaa 2022), la red de cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, ofrecieron datos que demuestran la tendencia creciente de las distintas formas de malnutrición en Argentina para todos los grupos de edad y para todos los quintiles de ingresos. Esta prevalencia, al igual que lo observado a nivel regional y mundial, muestra una tendencia a lo largo de los años claramente ascendente, la cual es aún mayor (tanto a nivel nacional como regional) en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social.
Finalmente queremos cerrar el boletín con el análisis de los compañeros del Observatorio del Derecho Social sobre un Fallo de la Corte Suprema a favor de los trabajadores
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TOPE DEL SEGURO DE DESEMPLEO
1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a sacar un fallo a favor de los trabajadores. ¿Se estará haciendo costumbre? A continuación un resumen del fallo que declaró la inconstitucionalidad del tope del monto del seguro de desempleo.
2. En nuestro país existe un seguro de desempleo. Está regulado en la ley 24.013 y sujeto a algunos requisitos: solo aplica a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa o por fuerza mayor, o si el despido es por culpa del empleador.
3. En diciembre de 2022 la ANSeS pagó 58.441 asignaciones por desempleo. Los desocupados superan largamente el millón de personas. El seguro de desempleo no llega a cubrir al 6% de quienes no tienen trabajo y lo buscan activamente.
4. El trabajador que accede al seguro de desempleo percibe una prestación monetaria y las asignaciones familiares por un plazo de hasta 12 meses. El monto está en función del último salario y tiene un piso y un techo fijados por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
5. En mayo el monto mínimo del seguro de desempleo es de $ 23.475 y el máximo de $ 39.125. El salario promedio de los trabajadores registrados en mayo va a estar en torno a $ 230.000 netos por mes. O sea, el monto máximo del seguro de desempleo cubre aproximadamente el 17% del salario promedio.
6. La desconexión total entre el monto máximo del seguro de desempleo y el salario efectivo viene de lejos y llegó a la Corte por el reclamo de una trabajadora que fue despedida en 2013. Su salario neto era de $ 3.071 y el monto máximo del seguro de desempleo era de $ 400 (cubría el 13%).
7. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le dio la razón a la trabajadora y condenó al Poder Ejecutivo a pagar una suma equivalente al SMVM en concepto de seguro de desempleo, lo que equivalía en ese momento a una tasa de sustitución cercana al 80%.
8. El caso llegó a la Corte quien sostuvo que la asignación por el seguro de desempleo debe estar “determinada en proporción al salario en actividad del trabajador cotizante” y que debe preservar “su significación económica en el tiempo mediante una razonable movilidad”.
9. La Corte hizo referencia expresamente a que el seguro de desempleo representaba “tan solo el 13% del salario que la reclamante dejó de percibir como consecuencia del despido”. Recordemos que hoy el monto máximo cubre apenas el 17% del salario promedio de los trabajadores registrados.
10. Al declarar la inconstitucionalidad del decreto 267/06 la Corte afirmó que la falta de actualización del monto convirtió en irrisoria e inequitativa la asignación por desempleo y desnaturalizó el mecanismo de protección social.
11. Los efectos del fallo son solo para el caso en concreto, pero los argumentos son trasladables a todas las personas que puedan calificar para el seguro de desempleo. De ser así, el monto del debería pasar de $ 39.125 a $ 84.512 (equivalente al SMVM).
12. La tasa de sustitución seguiría siendo muy baja (llegaría casi al 40% del salario promedio), pero implicaría un aumento muy importante. Soluciones posibles: una actualización decidida por el Consejo del SMVM o abrir la puerta a miles de reclamos judiciales.
13. En cualquier caso, la Corte volvió a sorprender con un fallo favorable a los derechos de los trabajadores. Eso sí, sin poner en cuestión los intereses de los empleadores, que ven pasar este problema por el costado.
14. Quienes quieran leer el fallo completo dictado por la Corte en el caso “Patterer, Susana Alicia c. Estado Nacional”, lo encuentran en el siguiente link:
EQUIPOS DE TRABAJO
CO-COORDINACIÓN: Daniel Godoy, Tomás Raffo – FORMACIÓN IEF: Mónica D’elía, Ana Romero, Matías Feito – PENSAMIENTO POLÍTICO: Ariel Pennisi, Tomás Raffo, Inés Hayes, Violeta Godoy, Fermín Arocena
-ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA: Noemí Giosa Zuazúa – AMBIENTE: Cecilia Fernández Lisso –ANÁLISIS FISCAL: Mariana Rivolta –ECONOMÍA Tomás Raffo, Ana Rameri – OBSERVATORIO DE MEDICAMENTOS COMO BIEN SOCIAL: Patricia Rivadulla, Gina Marín –SOBERANÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL Elena Louge, Saúl Gaviola, Luciana Careri Ochoa –CTAA EDICIONES Cora Rojo, Fabián Piedras, Marcelo Paredes –COMUNICACIÓN IEF Rubén Fernández –DESARROLLO WEBJulio Burgardt
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